Los bonistas siguen reclamando más ‘endulzantes’ para acercar posiciones

Por Carlos Burgueñoc burgueno 

Los tres grupos de bonistas que representan a los acreedores con deuda argentina emitida bajo jurisdicción internacional le dieron una tenue pero buena señal al Gobierno. La exigencia pétrea del 55% de Valor Presente Neto (VPN), puede pasar a 54%. Esto es, casi u$s1.000 millones menos de deuda para el país, aceptando el nuevo cronograma de pagos e intereses que propuso Martín Guzmán.

Sin embargo, duros y profesionales en la negociación, exigen e insisten a cambio dos prendas casi imposibles de aceptar para el Ministerio de Economía: que se suspenda la cláusula de reasignación, y que el cupón “endulzante” se mida a través del PBI versión Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de insistir aún en los dos “anabólicos” ofrecidos por el Gobierno a la vez: el cupón y el reconocimiento de los intereses que no se liquiden en este ejercicio 2020. Se sabe que el combo de las cuatro exigencias es imposible de aceptar para Martín Guzmán, que tiene mandato presidencial para ofrecer un solo endulzante, que el cupón sea tomado por exportaciones y que su Gobierno que termina en diciembre de 2023 esté liberado lo más posible de los muy molestos pagos en dólares.

Sin embargo, desde las huestes de Guzmán se considera que estas nuevas y renovadas exigencias de los cuatro grupos de acreedores se deben a la estrategia conjunta de final de negociación, en las supuestas jornadas previas para cerrar el tan ansiado deal. Ante el panorama, otra vez el ministro de Economía deberá recurrir a una conversación personal en Olivos con Alberto Fernández para medir la voluntad política de acelerar, o retrasar, una solución con los acreedores, a partir de los nuevos (y difíciles de aceptar) reclamos para firmar el acuerdo.

Los dos principales reclamos se dividen en los dos principales grupos de acreedores. Los tenedores de deuda macrista siguen protestando por la inclusión de la cláusula de “reasignación” impulsada personalmente por Guzmán. Se trata de una de las pocas introducciones que tienen el copyright del ministro de Economía incluidas en la fallida propuesta original del 21 de abril que tuvo su Waterloo el 8 de mayo, que aún permanecen en el prospecto oficial.

La cláusula menciona el derecho argentino de “reasignar” bonos, excluyendo del acuerdo final a aquellos títulos públicos donde no hay acuerdo y que, por su volumen de rechazo, le impidan alcanzar un porcentaje de aceptación final superior al 75%. Incluye todos los títulos que están en negociación y le aseguraría a la Argentina que logrando una masa crítica importante (nunca menos de 60%) podría retirar del acuerdo final aquellos bonos en los que no se haya logrado una aceptación alta, e igual presentar ante la Security and Exchange Commission (SEC) un final exitoso en la negociación.

Para que sea habilitado por la autoridad de Wall Street, esta cláusula debe incluir la obligación de mantener el canje abierto en el tiempo, para que la discusión no se dé por cerrada y la posibilidad de una alternativa judicial abierta. Se debería incluir también una especie de declaración jurada o promesa financiera, de atender la deuda sin acuerdo en el corto plazo en una negociación que además no implicara la pérdida de derechos para los bonistas que aceptaron el primer acuerdo.

En el panorama actual, los bonistas con papeles “cortos” (con vencimiento hasta 2030) emitidos durante el Gobierno de Mauricio Macri se liberarían rápido; los de más largo plazo tendrían un tratamiento más complejo, lo mismo que la deuda correspondiente a los tres gobiernos kirchneristas. Para los acreedores representados por el Grupo Argentino Ad Hoc (BlackRock, Fidelity y Ashmore) y el Comité de Acreedores de la Argentina (Gramercy, Greylock y Fintech), insistir en que esta cláusula figure en el listado de exigencias del país implica un signo de “desconfianza” hacia los acreedores, además de una muestra de “mala fe”.

Se considera que la única finalidad de la “reasignación” es debilitar la posición de los tenedores de deuda de más largo plazo, en general representados por el Grupo Ad Hoc, ante la amenaza de dar por cerrado el canje con la aceptación de la mayor parte de los acreedores con bonos emitidos durante el kirchnerismo y los de más corto plazo con el macrismo. Esta cláusula de “reasignación”, cruzada con la cláusula “antibuitre” de los bonos macristas, limitaría la posibilidad de las acciones judiciales de los títulos más largos, los que en total suman casi u$s18.000 millones.

La segunda exigencia de las últimas horas de los bonistas es medir el cupón alternativo al pago de la deuda a partir de la medición del PBI, y no por la evolución de las exportaciones. El reclamo viene de parte de BlackRock, luego que la alternativa haya sido propuesta por el grupo Exchange Bondholders, representante de los tenedores de deuda emitida durante el kirchnerismo. La idea había sido lanzada en uno de los rounds negociadores con el abogado norteamericano Dennis Hranitzky, y previamente elaborada por asesores que ese grupo de acreedores cuenta en sus filas. Sin embargo, el poderoso BlackRock tiene dudas en cuanto a la fidelidad de las mediciones y considera que es más factible una reactivación general de la economía local a partir de la reacción próxima del mercado interno, por sobre la posibilidad que Argentina pueda mejorar su perfil exportador. BlackRock plantea que a través del PBI su “anabólico” será mayor que el esperado.

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