Dilema judicial por jubilaciones: éxodo (vaciamiento) o venganza (resistencia pasiva)

Cámaras Federales encargadas de “comunicados de queja”. Sensación de aprobación inevitable. Zozobra por múltiples renuncias para entablar demandas. Paradoja de jueces jubilados para evitar colapso.

 
 
 
Por Gabriel Morini
 
En el camino, con este proyecto, el Gobierno jugó un pleno que tiene a la bolilla rebotando entre las casillas y la cazoleta. Precisa que sean los mismos jueces los que también validen una serie de decisiones de políticas públicas, como la reforma previsional general. Los ojos se posarán en el trascendental fuero Contencioso Administrativo Federal, que suele traducir en fallos el estado de la relación real del Poder Judicial con la Casa Rosada. El jueves hubo una reunión áspera en la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py. Allí las caras largas trasuntaron cierto aire de desesperación y zozobra, con el dilema respecto de si hacer las valijas y partir con lo seguro, o quedarse a mirar el incendio. Si el Gobierno se hace de cinco vacantes en ese tribunal podría considerar que puso en marcha la reforma judicial por otras vías.

Hasta ahora, los renunciantes provienen de otros fueros en su mayoría e impactan en el funcionariado de muchos otros sectores de la Justicia que no han sido protagonistas de casos públicos. Son, en realidad, los que sostienen sobre sus espaldas la marcha de un sistema de administración de justicia con buenos sueldos pero carencias de todo tipo para un normal funcionamiento, que van desde lo material hasta lo edilicio. El factor humano de expectativas es el que está puesto en crisis con la iniciativa oficial. Por algo se quejó la Federación Argentina de la Magistratura que engloba a los funcionarios que integran los poderes judiciales de las provincias. El guiño desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales no llegó del lado del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz como podría pensarse.

Hubo sí un llamado sigiloso a “organizarse y rebelarse” de manera institucional a través de los comunicados de las Cámaras Federales. El encargado de arriar voluntades es el camarista Javier Leal de Ibarra. La primera en pronunciarse fue la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, territorio de Ricardo Recondo. Pero la segunda fue la Cámara del Trabajo -de filosofía más progresista- que consideró de extrema gravedad el proyecto “inconsulto”. Es el fuero experto en la materia. En todo el espectro ideológico del Poder Judicial es considerado un proyecto con falencias técnicas importantes que podría o no mejorarse en el debate parlamentario. Eso sería el territorio fértil para las demandas posteriores. La opción del éxodo tiene otra certeza: todos aquellos que logren cobrar un mes de sus haberes bajo el actual régimen pueden considerar derecho adquirido los criterios de aplicación en sus jubilaciones y litigar. El juicio se gana de antemano. Por esto es que tampoco se visualiza cómo se podría bloquear la reforma desde la superficie.

Los que están generacionalmente más próximos a acceder a una jubilación se debaten respecto de la prisa que deben tener para asegurársela. Precisamente son los que han hecho tronar la furia públicamente. Pero hay toda una generación de los sub-60 que quieren correrse de la controversia -dado que no van a dar la pelea- y sacan la conclusión que dio inicio a esta nota.

El hecho de que la Corte haya quedado fuera del impacto de la reforma tiene un doble cariz: como no están afectados pueden tener la última palabra sobre la viabilidad jurídica de la modificación; si estuviesen incluidos deberían ser los conjueces los que intervengan. Hasta el viernes -último día hábil- habían presentado su renuncia 17 fiscales del fuero de instrucción de la Capital Federal, sumados a 34 de jueces. El goteo continuará. Para (pocos) quienes sostienen que fue una jugada brillante del Gobierno a varias bandas para hacerse de vacantes y depurar el sistema debe notarse que sus efectos no se tradujeron en alejamientos en juzgados controvertidos ni en fueros calientes. Cierto es que se cristalizó el alejamiento del fiscal de Casación, Raúl Pleé, pero también se aceptó la renuncia de la fiscal Cristina Caamaño, hoy interventora de la AFI y de destacada trayectoria como fiscal de instrucción. El cálculo estimado del éxodo podría cristalizarse en más de un 20% de la actual plantilla.

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